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FORO SOBRE EL USO DE AGROTÓXICOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

El día viernes 30 de junio de 2017, la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud ASPS, En el marco del Proyecto "Gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de Torola, San Fernando, Perquín y Meanguera". Con apoyo de Solidaridad Internacional País Valenciano y financiado Por la Generalitat Valenciana, se participó en foro de Agrótoxicos y su impacto al medio ambiente, coordinado por Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, Donde también como institución colocamos un stand para exhibir todo el trabajo realizado en la Zona Norte de Morazán. Evento que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrio San Miguel.

El evento se realizó con el objetivo de ver el alto grado de deterioro ambiental y las consecuencia que están generando en todos los seres vivos, y como este problema contribuye al progreso acelerado del cambio climático que está afectado a todo el planeta, los efectos; ya están siendo percibidos cada vez más por la población, hay mayores dificultades para lograr un proyecto de vida digno por esta causas; y la complejidad de la situación requiere una extraordinaria gestión del Estado, para garantizar los derechos humanos.

Consecuentemente, en razón de su prioridad, la protección de estos recursos debe enfocarse de manera urgente al debate sobre la prohibición del uso de agrótoxicos dañinos para la salud de las personas, que en la actualidad está afectando ciertos sectores del país incrementando cada día los casos de insuficiencia renal crónica, por la exposición directa e indirecta de los agricultores y campesinos que utilizan estos productos para el riego de sus cultivos, el estado debe de promover y garantizar métodos agrícolas más ecológicos y que no afecten al medio ambiente y los seres vivos.

La primera ponencia estuvo a cargo de Licda. Raquel Caballero de Guevara procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos considera, que para progresar en el desarrollo sostenible en El Salvador es fundamental la unificación de esfuerzos desde la sociedad civil, las grandes industrias y el Estado, y que la operatividad de estas industrias se armonice con la naturaleza, a fin de prevenir afectaciones a derechos humanos irreparables.

El Dr. Carlos Manuel Orante, Nefrólogo del MINSAL, realizo su participación haciendo énfasis como los agrotóxicos afectan a la Salud de la Población y como cada día se detectan más casos de insuficiencia renal crónica producto del mal uso y manipulación inadecuado de los agroquímicos no contralados en el País, Y para finalizar la diputada del Departamento de San Miguel por el FMLN de la comisión de medio ambiente dio su postura de cómo están trabajando ellos como partido en particular para sacar estos productos químicos del mercado, mencionando que es difícil porque no cuenta con los votos suficientes y que dentro de la misma hay intereses económicos de la comercialización de estos productos y por lo mismo no prohíben su comercialización.

Manifestó también que es necesario que se logre un acuerdo para la aprobación de una Ley general de aguas que incluya los enfoques de derechos humanos, la protección de las cuencas, las prioridades en su uso y el establecimiento de una autoridad rectora de carácter público, que evite el uso excesivo o monopólico del agua, que fomente la participación y consulta ciudadana en la gestión del ese recurso natural.

Se contó con la participación de representantes de las unidades ambientales y de la unidad de la mujer de las alcaldías de Torola, Perquín, Arambala, Meanguera, San Fernando, Juntas de Agua, ADESCOS, líderes y lideresas de las comunidades de dichos municipios con un total de 32 Mujeres y 19 hombres. También se conoto con participación   ONG’S de la zona de Morazán, La UNION, San Miguel, instituciones de gobierno como la PNC, MARN, MAG, MINSAL y La Asamblea Legislativa.

Es oportuno destacar, la unificación de esfuerzos de la sociedad civil, e instituciones estatales, en la búsqueda de la protección de los recursos naturales, como el resultado de incidencia que dejó hace poco el resultado de la prohibición de proyectos de explotación minera metálica en el territorio nacional, la cual hiciera eco en la Asamblea Legislativa, cuyos diputados y diputadas aprobaron de manera unánime una ley que prohíbe ese tipo de actividades que explotan los recursos naturales y contaminan el medio ambiente por el modelo de extracción que se requiere.

La lucha tiene que ser continua por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, para poder lograr el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro País.

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